La saga legal y el distanciamiento de la familia real británica que rodea a Andrés Mountbatten-Windsor suma un capítulo insólito y sumamente tenso. El otrora duque de York ha decidido emprender acciones legales formales ante la High Court del Reino Unido en contra de la Thames Valley Police.
El recurso legal busca examinar la actuación de los agentes y determinar si las órdenes de cateo e inspección ejecutadas en sus residencias violaron el marco de la ley durante las investigaciones del presente año vinculadas al expediente de Jeffrey Epstein.
Un giro judicial inesperado
Tras haber sido despojado de sus títulos reales y militares por decisión del rey Carlos III y tras su paulatina exclusión de la vida pública, Andrés argumenta que los procedimientos policiales recientes carecieron de las garantías debidas:
Legalidad de los cateos: La defensa del exduque sostiene que las órdenes judiciales obtenidas para registrar inmuebles vinculados a su persona sobrepasaron los límites permitidos.
Cuestionamiento al procedimiento: Sus representantes legales exigen que la Alta Corte determine si existieron irregularidades en el manejo de las pruebas e indagatorias derivadas de su arresto bajo sospechas de conducta indebida.
Un dolor de cabeza continuo para la corona
Este movimiento legal coloca nuevamente a la familia real británica en el centro de la polémica mediática internacional. A pesar de haber sido reubicado a la propiedad de Marsh Farm en la finca de Sandringham y mantener una postura de perfil bajo, las continuas ramificaciones judiciales de Andrés representan un desafío constante para la estrategia de comunicación y estabilidad de la monarquía encabezada por Carlos III.
Hasta el momento, ni el Palacio de Buckingham ni los voceros oficiales de la Corona han emitido declaraciones, manteniendo su política de no comentar sobre procedimientos judiciales en curso que involucren de manera privada al hermano del monarca.
