Una revelación ha sacudido a la opinión pública británica: el príncipe Andrés, duque de York, lleva más de 20 años sin pagar un alquiler significativo por su mansión en el complejo de Windsor, un acuerdo que le permite permanecer en la residencia hasta el año 2078. La noticia surge tras la publicación de una copia del contrato de arrendamiento que el diario The Times consiguió.
Según el documento, el arrendamiento se firmó en 2003 con una duración de 75 años para la propiedad conocida como Royal Lodge, ubicada en Windsor Great Park. Como parte del trato, Andrés pagó una prima inicial de £1 millón, y se comprometió a desembolsar aproximadamente £7,5 millones en reformas. A cambio, desde 2003 solo ha debido abonar una renta simbólica: una pimienta seca al año (“one peppercorn if demanded”).
Este tipo de rentas nominales (“peppercorn rent”) son más comunes de lo que parece en contratos muy antiguos o entre entidades vinculadas a la Corona, pero la diferencia aquí es que el príncipe vive en una mansión de 30 habitaciones, ubicada en unos 40 hectáreas, con costes elevados de mantenimiento.
¿Y por qué hasta 2078? Porque el contrato de arrendamiento le concede el derecho a residir allí durante todo el período estipulado a domicilio, salvo que él incumpla gravemente. Esto ha generado malestar entre legisladores, quienes aseguran que un miembro tan polémico de la familia real debería considerarse un inquilino “privilegiado” pagado con la indulgencia institucional.
Desde el Palacio de Buckingham no ha llegado un comunicado oficial detallando la situación, pero la filtración del contrato ha abierto el debate público: ¿es sostenible que un príncipe que ha sido apartado de funciones públicas mantenga un estilo de vida “royal” sin obligaciones hoteleras reales?
Por su parte, el príncipe Andrés (lamentado por su vinculación con el escándalo del financiero Jeffrey Epstein y las declaraciones de la fallecida Virginia Giuffre) ha anunciado que dejará de usar su título ducal y ciertos honores, mientras sigue afirmando su inocencia.
En el trasfondo, el contrato también señala que si Andrés diese por finalizado voluntariamente el arrendamiento, la entidad arrendadora (The Crown Estate) debería pagarle alrededor de £557 595 junto con una compensación anual de £185 865 hasta 2028.
Para muchos británicos, esta revelación representa no sólo una cuestión de privilegio real, sino una oportunidad de cuestionar la transparencia de los acuerdos entre la monarquía y el Estado. El debate ya llegó al Parlamento: varios diputados han presentado iniciativas para retirar formalmente el ducado de Andrés y revisar sus vínculos con propiedades públicas.
Mientras tanto, el príncipe Andrés permanece en la mansión de Windsor como residente con contrato a largo plazo, en una posición que mezcla derecho privado, privilegio real y controversia pública. Y aunque el contrato lo ampara hasta 2078, la pregunta que muchos se hacen es: ¿por cuánto tiempo más el público aceptará que continúe bajo ese esquema?
